La Fiscalía General del Estado alertó sobre un preocupante modus operandi detectado en la entidad: personas con conflictos civiles o deudas económicas
La Fiscalía General del Estado alertó sobre un preocupante modus operandi detectado en la entidad: personas con conflictos civiles o deudas económicas están contratando a presuntos integrantes del crimen organizado para realizar “cobros” por su cuenta, fuera de los tribunales.
El fiscal general Petronilo Díaz-Ponce Medrano explicó, en entrevista con Studio 21, que se han identificado entre cuatro y cinco casos recientes de este tipo, donde ciudadanos —sin vínculos comprobados con organizaciones criminales— acuden a estos grupos para exigir pagos, recuperar inmuebles o forzar acuerdos.
“Desgraciadamente, aquí en Nayarit se ha venido dando un modus operandi en el que ciudadanos buscan a estos grupos para forzar la entrega de inmuebles o realizar cobros de adeudos”, señaló el fiscal.
La Fiscalía subrayó que estas prácticas constituyen delitos graves. Cuando una persona es privada de la libertad para exigir dinero o presionar un pago, se configura el delito de secuestro agravado, que puede alcanzar penas de hasta 120 años de prisión, tanto para quienes ejecutan el acto como para quienes lo ordenan o financian.
Además, exigir dinero mediante amenazas, intimidación o presión se considera extorsión, sancionada con hasta 20 años de prisión.
Díaz-Ponce advirtió que recurrir a estos métodos ilegales no solo expone a los involucrados a ser procesados penalmente, sino que también pone en riesgo su integridad y seguridad, al involucrarse con grupos delictivos.
La Fiscalía de Nayarit exhortó a la ciudadanía a resolver sus conflictos por la vía legal y a denunciar cualquier intento de cobro o presión ejercida mediante violencia o amenazas.
