El Gobierno de México publicó un decreto que impone aranceles de 156% a 210.44% a las importaciones de azúcar procedentes de países miembros de la OMC
El Gobierno de México publicó un decreto que impone aranceles de 156% a 210.44% a las importaciones de azúcar procedentes de países miembros de la OMC —con excepción de aquellos con acuerdos comerciales vigentes—, en una medida que entró en vigor el 11 de noviembre de 2025 y que busca proteger a la agroindustria nacional ante la caída de los precios internacionales y la sobreoferta.
La Secretaría de Economía, en el decreto firmado por el titular Marcelo Ebrard y publicado en el Diario Oficial de la Federación, fijó el arancel más alto (210.44%) para el azúcar líquida refinada y el azúcar invertido, mientras que azúcares de caña y remolacha quedaron gravados con 156%. La autoridad argumenta que la tarifa vigente bajo trato de “nación más favorecida” no era suficiente para proteger al sector ante las distorsiones del mercado internacional.
En Nayarit la medida fue recibida con expectativa por productores y autoridades del sector agroindustrial, que esperan un encarecimiento del precio local del azúcar que podría traducirse en hasta un 15% de aumento en los ingresos de los cañicultores en zonas productoras. La subida de precios beneficiaría, según estimaciones del sector, a más de 50 mil cañeros en estados productores como Nayarit y Veracruz. Estas cifras corresponden a proyecciones del propio sector y de organizaciones locales que han valorado el impacto del ajuste arancelario.
Productores nayaritas han señalado que el aumento de la protección comercial puede ayudar a estabilizar la renta de los ingenios y los pequeños productores tras meses de presión por la baja en los precios internacionales y el exceso de oferta interna. Además, las fuentes consultadas por medios nacionales sostienen que el arancel elevará el costo de importación, reduciendo la competencia de azúcar extranjera barata en el mercado mexicano.
Analistas advierten, sin embargo, que la medida podría repercutir en los precios al consumidor y en cadenas productivas que utilizan azúcar como insumo (panadería, bebidas, confitería). El gobierno sostiene que la prioridad es proteger el empleo rural y la viabilidad de los ingenios, y que el ajuste se realiza dentro de los márgenes permitidos por la OMC.
Qué sigue para Nayarit: autoridades estatales y representantes de los productores locales deberán coordinarse con los ingenios para vigilar que la mejora en los precios llegue a los cañicultores y no se quede sólo en márgenes industriales. Organizaciones rurales han anunciado mesas de seguimiento para cuantificar el efecto real sobre los ingresos y contratos de compra de caña en el ciclo 2025–2026. (Información local y declaraciones del sector).
