SUTSEM Presenta denuncias penales contra seis municipios en Nayarit y amenaza con huelga

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios de Nayarit (SUTSEM) ha tomado medidas drásticas en busca de justicia y la protección de los derechos laborales de sus miembros. El dirigente del sindicato, Óscar Flavio Cedano Sucedo, ha presentado denuncias penales ante el Sistema Estatal Anticorrupción (SESLAN) contra seis municipios de Nayarit por una serie de presuntas irregularidades que incluyen corrupción, desvío de recursos públicos, peculado y robo.

Según declaraciones de Cedano, los municipios señalados en estas denuncias son Rosamorada, Santiago Ixcuintla, Villa Hidalgo (aunque este último no es un municipio), San Blas y Tuxpan. Cedano ha expresado su preocupación por el presunto desvío de recursos públicos hacia actividades de propaganda política, especialmente por parte de aquellos funcionarios que buscan la reelección o un cargo en el legislativo local.

Una de las principales quejas del SUTSEM es el incumplimiento de las prestaciones del contrato colectivo, que incluyen otorgación de uniformes, combustible, apoyo para festividades como el Día del Padre, Día del Niño y Día del Burócrata, así como aguinaldo, vales de despensa y recategorizaciones. La falta de pago y la falta de voluntad para resolver estas demandas laborales han llevado al sindicato a amenazar con una huelga en los próximos días si no se logra una conciliación satisfactoria.

Cedano ha afirmado que estas denuncias penales representan el primer paso en una serie de acciones legales que el sindicato tomará contra los seis municipios. Además, en el Instituto Laboral Burocrático, presentarán un emplazamiento a huelga si no se llega a un acuerdo amistoso con el Poder Ejecutivo y los municipios señalados.

La situación ha generado tensión en el estado de Nayarit y llama la atención sobre la importancia de garantizar los derechos laborales de los trabajadores del sector público y la transparencia en la gestión de recursos públicos en los municipios involucrados. La resolución de este conflicto será seguida de cerca por la comunidad laboral y los ciudadanos interesados en la justicia y la rendición de cuentas en la administración pública.