La decisión judicial que permite a un elemento activo de la Policía Vial de Bahía de Banderas continuar en libertad su proceso penal ha desatado una fuerte ola de indignación en Nayarit, particularmente en Bahía de Banderas, donde ocurrió el hecho que cobró la vida de un joven en enero pasado.
De acuerdo con información oficial de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, Enrique “N”, imputado por un hecho de tránsito con resultado fatal, dejó la prisión preventiva luego de que un Juez de Distrito concediera una suspensión provisional dentro de un juicio de amparo.
De prisión a libertad: una decisión que genera cuestionamientos
Aunque la autoridad sostiene que la sustitución de la prisión preventiva por medidas cautelares se realizó conforme a derecho, el caso ha encendido el debate público sobre el acceso a la justicia y el trato diferenciado cuando se trata de servidores públicos.
El imputado, señalado como policía vial en funciones, enfrentará el proceso en libertad, con restricciones como firma periódica, garantía económica de 300 mil pesos y la prohibición de salir del municipio.
Sin embargo, para la familia de la víctima, estas medidas resultan insuficientes frente a la gravedad del caso.
“No fue un accidente”: reclamo de la familia
Familiares de Ariel Geovanni Lococo Pérez han alzado la voz en redes sociales, denunciando lo que consideran un acto de impunidad. Aseguran que el hecho no debe tratarse como un simple accidente, sino como una consecuencia de una conducta irresponsable.
La hermana de la víctima cuestionó públicamente el actuar de las autoridades y señaló presunto influyentismo por parte del imputado, al tratarse de un elemento activo de la corporación.
Confianza en las instituciones, en entredicho
El caso ha puesto bajo la lupa no solo al sistema judicial, sino también a las corporaciones de seguridad, al tratarse de un servidor público involucrado en un hecho que terminó con la vida de un ciudadano.
En redes sociales, usuarios han expresado su inconformidad, señalando que decisiones como esta debilitan la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia.
Un proceso en curso… y una exigencia social
Mientras el proceso legal continúa, la exigencia de justicia se mantiene firme. Colectivos, ciudadanos y familiares coinciden en un punto: el caso no debe quedar impune.
La resolución judicial abre un nuevo capítulo en este caso, pero también deja una pregunta en el aire: ¿la ley se está aplicando de manera equitativa o existen privilegios cuando el imputado forma parte del sistema?